Diez organizaciones salvadoreñas concluyeron en el estudio “Sociedad civil en alerta: investigación sobre afectaciones al derecho de asociación” que existen transgresiones a los derechos a la asociación, a la participación y a la libertad de expresión en El Salvador y detallaron que integrantes de 71 organizaciones denuncian acoso policial y militar a sus miembros y obstáculos a espacios de reunión.

Presentaron un caso: la asociación Cristosal, que nació con el propósito de acompañar a víctimas de desplazamientos, atendiendo a más de 100,000 afectados especialmente por violencia de pandillas.

El director financiero de Cristosal, Salvador Novellino, relató que en enero de 2022 Hacienda le notificó de una investigación tributaria del ejercicio 2019 y en noviembre de 2022 concluyó que cumplieron sus obligaciones pero que “no estaba actuando conforme al propósito para el cual fue fundada” y “por tanto le revocaba la exención del pago del Impuesto sobre la Renta”.

Cuestionaban, según Novellino, que no trabajaban con la Iglesia Episcopal Anglicana como lo indicaban sus estatutos. Cristosal arguye que parte de sus directivos son clérigos u obispos de la iglesia.

Luego de apelaciones, la Dirección de Impuestos Internos y tribunales de lo contencioso administrativo se declararon incompetentes de conocer y enviaron el caso a la Sala de lo Contencioso Administrativo, dijo, “desde entonces, no hemos tenido noticia”, agregó.

En junio de 2022, según Novellino, Gobernación les notificó que los estados financieros de 2014 a 2020 “no cumplían los requisitos” y les dieron 10 días para presentarlos, los presentaron pero rechazaron los de 2014-2016 y posteriormente rechazaron los balances de 2020 y 2021. La apelación está pendiente de resolver en Gobernación.

“Primero, un distractor del tiempo nuestro, costos adicionales legales y un uso de nuestros recursos que no es para lo que estaba dispuesto, que es para acompañar a las víctimas”, afirmó Novellino.

Las organizaciones denunciaron ataques a la libertad e integridad personal, limitación de información, espionaje y, en general, afectación al espacio cívico.

El estudio fue realizado por las organizaciones Socorro Jurídico Humanitario, Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), Movimiento de Trabajadores Despedidos, Coppes, Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Tracoda, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Cecade, Servicio Social Pasionista (SSP) y Cristosal.